Un problema pendiente : la anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción Carlos Aymerich Cano ; prólogo, José María Gimeno Feliu
Por: Aymerich Cano, Carlos I
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Colaborador(es): Gimeno Feliú, José María.
Tipo de material: 
TextoSeries Estudios.Editor: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters/Aranzadi, 2015Edición: 1ª ed.Descripción: 167 p. ; 24 cm.ISBN: 978-84-9098-654-7.Tema(s): Corrupción | Contratación administrativa | Nulidad | Prevaricación | Gestión públicaNota: En la portada: Gobierno de España, Ministerio de Economía; Universidade da Coruña.Resumen: La obligación de anular los contratos públicos afectados por actos de corrupción, reconocida sobre el papel, continúa siendo una asignatura pendiente en el ordenamiento jurídico español. El presente trabajo explora diferentes vías posibles su realización - desde la prejudicialidad devolutiva a la anulación directa de los contratos por la jurisdicción penal - destacando las potencialidades, aun inexploradas, que ofrece la nueva regulación del decomiso. Al tiempo, desde una visión crítica de la creciente penalización del control de la actualización administrativa, el trabajo propone un modelo alternativo de persecución de la prevaricación.
Libros
| Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 58562 | Disponible | 1070582 |
En la portada: Gobierno de España, Ministerio de Economía; Universidade da Coruña.
Bibliografía: p. 163-167
La obligación de anular los contratos públicos afectados por actos de corrupción, reconocida sobre el papel, continúa siendo una asignatura pendiente en el ordenamiento jurídico español. El presente trabajo explora diferentes vías posibles su realización - desde la prejudicialidad devolutiva a la anulación directa de los contratos por la jurisdicción penal - destacando las potencialidades, aun inexploradas, que ofrece la nueva regulación del decomiso. Al tiempo, desde una visión crítica de la creciente penalización del control de la actualización administrativa, el trabajo propone un modelo alternativo de persecución de la prevaricación.
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