Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas : (con la regulación contenida en las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público) Jesús González Pérez
Por: González Pérez, Jesús.
Tipo de material: TextoEditor: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters/Civitas, 2016Edición: 8ª ed.Descripción: 638 p. 25 cm.ISBN: 978-84-9099-847-2.Tema(s): Administración pública | Responsabilidad estatal | Responsabilidad administrativa | España | Régimen jurídicoNota: Índice analíticoResumen: En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común, conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 58979 | Disponible | 1071143 |
Índice analítico
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común, conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.