La organización jurídica de la administración española Francisco Marhuenda, Tiffany-M. Sánchez-Cabezudo

Bibliografía: p. [281]-285

El Derecho Administrativo es una rama del ordenamiento jurídico estatal que ha sido objeto de innumerables estudios por juristas muy destacables del panorama nacional e internacional. En esta obra, se realiza de forma sistemática, clara y sencilla las características y conceptos propios del Derecho Administrativo, adaptándose a los planes de estudio de la carrera de Derecho en las diversas Universidades españolas tanto públicas como privadas. Para ello, se ha dividido en XVI Capítulos, comenzando por la parte más importante, la delimitación conceptual entre Administración pública y Derecho Administrativo, contextualizando el nacimiento de esta rama del ordenamiento jurídico. La importancia de conocer las Fuentes del Derecho para todo jurista han llevado, a que en los Capítulos posteriores se exponga de manera exhaustiva un estudio de las Fuentes del Derecho Administrativo, poniendo especial atención en la norma básica por excelencia que dictan las Administraciones Públicas: El Reglamento. En los Capítulos sucesivos se presenta al lector de forma detallada las diferentes Administraciones Territoriales, encabezándolo la Administración General del Estado, como instrumento del gobierno para implementar y desarrollar sus políticas públicas y como prestador de los servicios públicos, distinguiendo de manera sistémica la Administración activa, consultiva y fiscalizadora. No se obvia, en la lectura de esta obra, a la Administración de las Comunidades Autónomas y a la Administración Local, exponiendo los órganos que lo conforman. Por su importancia en la legislación actual, se dedica un Capítulo completo al Sector Público Institucional y a la Administración Corporativa, donde se realiza un esfuerzo de síntesis y claridad para que una materia tan compleja, sea entendida por sus lectores. La última parte del trabajo es un brindis a la organización y funcionamiento de la Administración pública, prestando especial atención a las relaciones ad extra de los ciudadanos con las Administraciones públicas, y a la regulación ad intra del funcionamiento de las diferentes Administraciones y a su relación entre ellas, tal como señalan las dos leyes de cabecera, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.