II Plan Nacional de Derechos Humanos Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales

En la cubierta: junio 2023

Con la aprobación de la Constitución, en 1978, España inició un intenso período de ratificación de Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos que han contribuido a impulsar la renovación de nuestra legislación, situándola en la vanguardia del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía. El avance de nuestro país en la conquista de derechos se ha hecho realidad a través del desarrollo de una amplia legislación que los garantiza y del impulso de un Estado del Bienestar que los hace efectivos. En los trabajos para la elaboración de este Plan nos proponemos seguir avanzando, sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, los Tratados específicos ratificados por España y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Queremos seguir removiendo los obstáculos que impiden el disfrute real de los derechos. Este Plan nace con la vocación de garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y contribuir a la lucha contra cualquier tipo de discriminación, con una mirada atenta hacia aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Los objetivos y las medidas en las que se está trabajando se orientan a garantizar la eficacia y consolidación de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de todas las personas en todos los ámbitos, incluido el digital. Se incorpora, además, el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, incidiendo en la consecución de una transición justa. En la elaboración de este II Plan están participando -además de los dieciséis Ministerios implicados en el mismo-, organizaciones de la sociedad civil, agentes e interlocutores sociales, universidades, centros de estudio e investigación, Comunidades Autónomas, entidades locales y el Defensor del Pueblo, entre otros. Este Plan no es un plan de legislatura, sino un esfuerzo colectivo para mejorar y aumentar la garantía y la eficacia de los derechos y libertades públicas. Por ello, está previsto que tenga una vigencia de cinco años (2023-2027).